EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LAS Y LOS H.I.J.O.S. NOS PRONUNCIAMOS Y PEDIMOS LA RENUNCIA DE AVRUJ
·DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE DE 2017
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la Red Nacional de H.I.J.O.S nos vemos en la obligación de hacer un preocupante balance a dos años del gobierno de la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri.
Hemos asistido desde el comienzo de la gestión a lamentables retrocesos en materia de derechos y conquistas sociales que afectan sobre todo a los más débiles y desprotegidos de nuestra sociedad, aquellos que deberían ser quienes reciban sobre todo la ayuda y contención del Estado, son quienes sufren en carne propia las medidas que este gobierno. Intentaremos hacer enumeración de los acontecido en estos dos años aunque lamentablemente nos quedaremos cortos ante las innumerables muestras de autoritarismo y desprecio de este gobierno por aquellos ciudadanos a los que dijo venía a unir en por del diálogo y el respeto.
Al despido arbitrario de trabajadores del Estado, devaluación y aumentos siderales de los servicios básicos como el gas y la electricidad, el vaciamiento de las políticas de DDHH, se sumaron desde el comienzo mismo del gobierno de Cambiemos graves muestras de autoritarismo como el ataque a balazos a los integrantes de una murga niños incluidos, la escalada de represión a las protestas sociales, el encarcelamiento arbitrario de militantes sociales como Milagro Sala y otros integrantes de la Tupac Amaru desoyendo incluso la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictaminó la urgente excarcelación de Sala y de la propia Corte Suprema de la Nación que en un reciente fallo ordena que Milagro Sala debe disponer al menos de prisión domiciliaria. La escalada represiva se hizo patente sobre todo en nuestra patagonia con desalojos violentos de familias mapuches y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Todo esto matizado con el intento de construir un enemigo interno que justifique la escalada represiva. A esta situación debemos lamentablemente agregar la agresión que sufrió el diputado neuquino Raúl Godoy quien fue baleado por la espalda durante una manifestación.
Párrafo aparte merece la persecución y encarcelamiento de opositores políticos por medio de la entente conformada entre el gobierno, el poder judicial y las corporaciones de medios de comunicación. La censura de los periodistas que investigan y son críticos del gobierno, la asfixia económica de los medios que no adhieren serviles al dispositivo de ocultamiento de los errores del que podemos calificar como el peor equipo de gobierno desde el retorno de la democracia en 1983. La persecución a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó hasta conseguir su apartamiento.
A pesar de mantener un discurso que realza los valores democráticos, de diálogo y de institucionalidad, en la realidad constatamos que sucede todo lo contrario. Se persigue a opositores políticos con maniobras judiciales y mediáticas sin ningún sustento jurídico, se ahoga financieramente a medios de comunicación que sostienen miradas críticas, se ataca con juicios políticos a los jueces con criterio propio, se amenaza con métodos rastreros a través del accionar ilegal de los servicios de inteligencia. Se les retira la personería jurídica a los sindicatos que luchan, se despide a trabajadoras y trabajadores del Estado de manera permanente para atemorizar a quienes permanecen en sus puestos. (se pueden sumar más datos a la enumeración)
En relación a la lucha por la vigencia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia si bien los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan realizándose hay un conjunto de artilugios dilatorios que retrasan la llegada de la justicia y otros mecanismos que aseguran la impunidad. En el primer caso nos referimos a la demora en designar jueces para constituir los tribunales orales, o el nombramiento de subrogantes que tienen muchas causas a su cargo. En el segundo caso nos sorprenden la cantidad de absoluciones a pesar de la abundante prueba contra los imputados, inclusive llegando a argumentar el “beneficio de la duda” en circunstancias donde es explícita la participación del procesado en delitos de lesa humanidad. Otra modalidad de la impunidad es la aplicación sistemática de las prisiones domiciliarias que se otorgan a mansalva cuando es un beneficio para personas mayores de 70 años cuyo estado de salud les impida permanecer detenidas. En algunos casos se ha llegado a fraguar peritajes médicos.
En las últimas sentencias y resoluciones de cámaras notamos también el blindaje a los procesados civiles que también fueron responsables de delitos de lesa humanidad. Tal fue el caso deMarcos Levin que tras ser condenado a 12 años de prisión se anuló el fallo porque los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques consideraron que no se trató de un delito de lesa humanidad. El de Carlos Pedro Blaquier, procesado por la justicia federal de Jujuy en 2012 como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestrados a centros clandestinos de detención y por los 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la Noche del Apagón y absuelto en marzo de 2015 por la sala IV de la Cámara Federal dictó la falta de mérito. Lo mismo ocurrió con Vicente Massot acusado de haber realizado aportes indispensables en el homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical y de haber ocultado deliberadamente la verdad desde el diario “La Nueva Provincia” respecto de los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas, todo resuelto con una falta de mérito. Y Héctor Magnetto sobreseído junto a Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa por la apropiación, tortura mediante, de Papel Prensa.
Estos sectores del poder real, durante el siglo XX, depusieron a su antojo gobiernos democráticos que a su parecer no cumplían con sus postulados conservadores y retrógrados. Promovieron la llegada del neoliberalismo en la Argentina en la más terrible de sus intromisiones al poder democrático, con el golpe de estado de 1976. Impusieron un plan sistemático de terror que incluyó además de las más terribles violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de 30.000 militantes populares que se les opusieron, y que significaban una amenaza a las nuevas ideas totalitarias y de libre mercado que buscaban imponer.
Cualquier otra forma de violencia y de desapego a las normas básicas de respeto a los derechos humanos, que nos arrebatan o cercenan nuestros derechos más básicos, que nos deja sin trabajo, sin vivienda, sin el pan de cada día, sin el respeto a las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, no es más que la consecuencia de no terminar de una vez, con los privilegios de esos poderosos que persisten y se reciclan.
Por ello, en cada una de las administraciones de los sucesivos gobiernos democráticos (los que se sucedieron desde 1983), la cartera de derechos humanos era gestionada por personalidades con un fuerte compromiso con las luchas llevadas a cabo, desde el inicio del terrorismo de Estado en marzo de 1976, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y años después H.I.J.O.S. y otros organismos históricos.
La historia de la Subsecretaria y luego Secretaría de DDHH, y el compromiso de los que fueron sus titulares en cada gestión hasta diciembre de 2015, estuvo directamente anudado al proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la Argentina:
Eduardo Ribossi, subsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en cuyo carácter declaró como testigo en el juicio a las Juntas Militares. Durante su gestión, la Argentina se adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, equiparó legalmente a la tortura con el homicidio.
Alicia Pierini, subsecretaria de Derechos Humanos entre 1991 y 1997, proviene del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) durantesu gestión se ampliaron los datos sobre desaparecidos del informe de la Conadep, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y se dispusieron reparaciones indemnizatorias.
Diana Conti, subsecretaria de Derechos Humanosentre 2000 y 2001, es abogada y psicóloga social. Se especializó en derechos humanos en el Instituto Sudamericano de Costa Rica y en la Corte Internacional de La Haya. Durante la última dictadura trabajó junto al CELS en la reconstrucción de la jurisprudencia destruida por el Proceso
Eduardo Luis Duhalde, secretaria de Derechos Humanos, fue defensor de presos políticos junto con su compañero Rodolfo Ortega Peña, quien fuera asesinado en 1974 por la Triple A. Durante la última dictadura participó de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), que recibía en el exterior denuncias sobre los secuestros y desapariciones que ocurrían en el país. Fue consultor de Naciones Unidas y miembro del Consejo de la Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de la Asociación Americana de Juristas. Promovió con éxito la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, promulgadas por los gobiernos de Raúl Alfonsín y los indultos decretados por Carlos Saúl Menem y ‘a posteriori’, la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, que llevaron a la cárcel a cientos de represores. Promovió la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en diversos juicios y creó el Archivo Nacional de la Memoria para actualizar y digitalizar toda la información referida al quebrantamiento de los derechos fundamentales. Como si todo esto fuera poco, tuvo a bien agregar un nuevo prólogo en la reedición conmemorativa por los 30 años del Golpe, del informe “Nunca Más”, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que en el contexto de una revisión de la política de derechos humanos desestimaba la “Teoría de los dos Demonios”, sostenida en el prólogo original realizado por el escritor Ernesto Sábato.
Juan Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos entre 2012 y 2015, gestó su militancia en los organismos de derechos humanos de Córdoba, principalmente en H.I.J.O.S., agrupación de la cual fue uno de los fundadores. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue representante legal de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba e H.I.J.O.S. Regional Córdoba, y colaborador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ofició como abogado querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia de Córdoba, en los que fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla, entre otros. Se desempeñó hasta diciembre del 2015.
A contrapelo de sus antecesores, y mancillando los propósitos para los que fue creada, el gobierno macrista inaugura su administración nacional ubicando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una persona que lejos de transitar, o al menos conocer ese compromiso, tiene en su currículum más condiciones para alejarlo de ella que para encabezarla.
Claudio Avruj desconoce los compromisos internacionales asumidos. Acerca de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales de derechos humanos, la ONU y la CIDH, el Secretario de Derechos Humanos sigue justificando la detención de Milagro Sala y la continuidad de su condición de presa política, alegando que “este es un tema de la justicia, son los jueces de Jujuy que son designados, en su mayoría, por la gestión anterior en la Provincia, los que deben decidir”. Desconociendo que, a días, nomás, de asumir la gobernación Gerardo Morales, ampliaron en forma arbitraria el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, de 5 a 9 integrantes.
Desconoce, además, que la resolución a la que arriba el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas, quien decidió que 'la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria' y, en consecuencia, ´solicitó al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”, es vinculante y obligatoria y es el gobierno nacional el que debe ejecutar la orden, sin más.
Por otro lado, la nota del diario Clarín del 28 de octubre del corriente año, deja asentado que “de acuerdo con el registro público panameño, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj, integra el directorio de una compañía offshore. Se trata de una sociedad anónima en la que su esposa, Elisa Alfie, aparece como tesorera”. De acuerdo a esta información, figura como Presidente de la empresa Kalushy. Esta sociedad está vigente.
Avruj es un negacionista. Se reúne con integrantes de una asociación que defiende a los perpetradores del genocidio. En esa misma sintonía es el ministro de Justicia Germán Garavano quien se reúne con Cecilia Pando, defensora a ultranza y explícita del terrorismo de Estado.Luego, no conforme con esto, ante el supuesto requerimiento de una asociación “defensora de las instituciones republicanas y democráticas”, y al igual que su predecesor y depuesto apologista de la dictadura, Darío Lopérfido, iguala la altura de éste negando la cifra de los desaparecidos. Sin quedar conforme, reedita el libro “Nunca Más”, eliminandoex profeso el prólogo elaborado en 2006, presentándolo “tal cual fue”, “sin aditamento ideológico” —según sus propias palabras—, e intentando reavivar la perversa Teoría de los dos demonios, y corriendo al Estado de su responsabilidad fundamental en materia de DDHH.
La Secretaría de Derechos Humanos fue creada para atender los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado, no los de sus victimarios. Un Secretario que no entiende este simple razonamiento no puede permanecer en su puesto ni un minuto más.
La cadena de hechos es elocuente: durante el festejo del Bicentenario desfilan en Tucumán represores del Operativo Independencia. Tras cartón, un golpista y líder carapintada se pasea en Palermo con uniforme militar. Más tarde es el presidente de la juventud PRO quien incluye en una reunión de juventudes políticas en la Casa Rosada a representantes del nazi Alejandro Biondini. En tanto, las prisiones domiciliarias a militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad aumentan escandalosamente en este 2016, al tiempo que el diario La Nación editorializa, una y otra vez, a favor de esos siniestros criminales.
La ministra de Seguridad designa como su jefe de gabinete a un abogado ex socio del defensor de Galtieri y de represores en La Pampa y Entre Ríos, quien sostuvo que los juicios de lesa humanidad eran la “legalización de una venganza”
Por todos estos motivos las y los integrantes de H.I.J.O.S. exigimos su inmediata renuncia.
Argentina es signataria de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2007 razón por la cual el Secretario de Derechos Humanos tiene la obligación de actuar con celeridad frente a un hecho de estas características. Frente a la desaparición de Santiago Maldonado Avruj omitió expedirse hasta mucho tiempo después de la denuncia de la familia, no se puso a disposición de la búsqueda y se hizo partícipe del trato hostil del gobierno a quienes sostuvieron la pregunta “¿Dónde está Santiago Maldonado?” Incluso una vez aparecido el cuerpo no se presentó como parte querellante para que se investigue el delito de desaparición forzada seguida de muerte.
El Estado argentino es responsable por la integridad y la vida de sus habitantes. Ante un hecho represivo que culmina en la muerte de Rafael Nahuel el Secretario de Derechos Humanos lejos de denunciar la violencia institucional y el homicidio agravado por abuso de función de un integrante de las fuerzas de seguridad, Avruj se alinea con el discurso de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del Ministro de Justicia Germán Garavano que refuerzan la versión de la prefectura que consideran inapelable.
Sobre Avruj pesan, además, investigaciones e informes periodísticos que lo colocan como interlocutor de los gobiernos de Mauricio Macri y Benjamín Netanyahu en Israel de un nutrido intercambio político y económico en temas de seguridad, incluyendo la comercialización de software para espiar opositores en un supuesto contexto de terrorismo, como está ocurriendo en México.
Por estas razones:
# Seguimos exigiendo cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas, sin privilegios de ninguna índole.Juicio y Castigo a todos los culpables, civiles, militares, empresarios beneficiados, jueces y curas participes del genocidio.
# Reclamamos el fin de los agravios permanentes a la memoria de nuestras madres y nuestros padres y de todos los compañeros detenidos-desaparecidos, de los que nos sentimos orgullosos. Y por el fin a las amenazas y amedrentamiento a cientos de militantes, a toda hora y en cualquier lugar.
# Exigimos que se investigue a los responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Basta de persecución al Pueblo Mapuche.
# Exigimos el cese a la persecución de periodistas nacionales e internacionales, dirigentes políticos, sociales y sindicales.
# Reclamamos que se aceleren los juicios de lesa humanidad pendientes, en especial aquellos que involucran a civiles procesados, muchos de ellos hoy socios y funcionarios del gobierno nacional.
# Exigimos la inmediata libertad de la señora Milagro Sala y de todos los compañeros presos políticos de la Túpac Amaru
# A 41 años del golpe de Estado, y en el Día Internacional de los Derechos Humanos seguiremos marchando en todas las calles del país y estaremos en todos los ámbitos reclamando más Memoria, Más Verdad y Más Justicia. Para siempre
¡30 mil compañeros desaparecidos, PRESENTES!
¡Ni un paso atrás!
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