Rechazo a la postulacion de Ulpiano Martinez

Los organismos de derechos humanos expresamos nuestro rechazo a la postulación de Santiago Ulpiano Martínez como Fiscal Federal de Bahía Blanca.

Ulpiano Martinez

  El 5 de junio de 2012 Martínez fue designado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción. En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables.

  Santiago Ulpiano Martínez rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados.

Asimismo, Martínez es responsable de haberle garantizado  impunidad a Aldo Omar Vara -Capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención “La Escuelita” para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas. En abril de 2013 los Fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión, y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde  finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después.

  Santiago Ulpiano Martínez también demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa

  Además, Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias.

Estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante.

  Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura.

  La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo. Por lo tanto, Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad.

  Por todo lo expuesto, pedimos al Senado de la Nación que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad para los acusados de delitos de lesa humanidad. La designación como fiscal federal de Santiago Ulpiano Martínez será un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado y compromete a los tres poderes del Estado. El Senado de la Nación tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos y en impedir que accedan a cargos de tanta relevancia quienes ya se mostraron dispuestos a convalidar la impunidad.

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H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

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