PERSEGUIR Y PROHIBIR
Los organismos de Derechos Humanos reconocidos en Bahía Blanca, firmantes al pie, siempre hemos dicho que el daño que la dictadura ha hecho en la sociedad es difícil de dimensionar a pesar de lo investigado, pues sus participes, serviles y cómplices de la civilidad no han sido denunciados, acusados y condenados salvo una mínima expresión por la brutal impunidad y simulación que ellos mismos se construyeron, para sostenerse en el tiempo en los lugares a los que se han integrado como parte de su autoprotección.
Los tiempos que corren han permitido y permiten visualizar a algunos que hasta gobiernan o apoyan a quienes gobiernan, desde un plan de exterminio de depredación y despojo, similar al que pusieron en marcha durante la dictadura cívico militar genocida que planificaron adecuadamente, para quedarse con la riqueza que el pueblo produce y violentar sus derechos.
Uno de sus objetivos de persecución permanentes en la ciudad ha sido la llamada genéricamente “VENTA AMBULANTE”, cuya expresión en la comunidad es minoritaria y en su mayoría cumple con lo que se conoce como “legalidad”, mientras si se hiciera una evaluación estatal de los llamados “legales” encontraríamos una gran mayoría como evasores o pequeños evasores que superan cualquier calificación para los identificados como “VENTA AMBULANTE”, aunque sean justificados por supuestos “dirigentes empresarios” que ordeñan permanentemente la riqueza de la ciudad que producen los bahienses, pero a los que no se ve invertir mucho cuando los datos existentes verifican el altísimo nivel de desocupación privada actual.
El 18 de julio del corriente año, esos empresarios a los que se vió muy cómodos y silenciosos durante la dictadura porque era conveniente para sus negocios mientras los secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos, y apropiación de bebés se sucedían avalados por el diario La Nueva Provincia a quien reivindican sin un asquito, han solicitado al Concejo Deliberante les haga una “ordenanza a medida” como clara expresión de “pertenencia de clase”.
Exigen desde su nota al Concejo Deliberante, con su histórica y transparente ideología, la persecusión hacia ese sector pero no solo eso sino que se atreven a un poco más que es a perseguir y sancionar a quienes compren a ese sector, por lo que la población que adquiera bienes en esa identificada por ellos “VENTA AMBULANTE ILEGAL” adquiere la identificación implícita de “delincuente”, una agresión a la condición humana y sus derechos que da vergüenza ajena como mínimo.
Finalmente, y como la frutilla de su postre persecutor y represivo, proponen la implementación de “denuncias anónimas” al igual que sucedía en tiempos de la dictadura y a la que solo le falta el teléfono para hacerlas que por entonces publicaba el Comando del Quinto Cuerpo en La Nueva Provincia que costaron lo que costaron, similar al deleznable proyecto de los “Buzones Buchones” aprobado escandalosamente y presentado por el denominado “empresario de medios” German Sasso, impune de su condena por violar una ley que impide identificar menores en riesgo judicial y que logró con diversas maniobras temporales de su causa que la misma prescribiera, la explique como la explique porque nunca fue absuelto y allí está su condena original.
La Corporación del Comercio, Industria y Afines, la impulsora y quien le da su contenido ideológico histórico a esta exigencia, y que algunas vez con motivo del incio de los Juicios de Lesa Humanidad en la ciudad a través de Jorge Bonacorsi expresó que había que “dejarse de joder con esos juicios”, merece nuestro más profundo repudio y condena por tamaño despropósito cuyo objetivo es prolongar en el tiempo la presencia ominosa de la dictadura, utilizando y contaminando las representaciones de la democracia detrás de discursos falsarios de preocupación por el interés general y que esperamos al contrario de la barbarie delatora validada al inútil proyecto de German Sasso, el Concejo Deliberante no permita.
Los tiempos que corren han permitido y permiten visualizar a algunos que hasta gobiernan o apoyan a quienes gobiernan, desde un plan de exterminio de depredación y despojo, similar al que pusieron en marcha durante la dictadura cívico militar genocida que planificaron adecuadamente, para quedarse con la riqueza que el pueblo produce y violentar sus derechos.
Uno de sus objetivos de persecución permanentes en la ciudad ha sido la llamada genéricamente “VENTA AMBULANTE”, cuya expresión en la comunidad es minoritaria y en su mayoría cumple con lo que se conoce como “legalidad”, mientras si se hiciera una evaluación estatal de los llamados “legales” encontraríamos una gran mayoría como evasores o pequeños evasores que superan cualquier calificación para los identificados como “VENTA AMBULANTE”, aunque sean justificados por supuestos “dirigentes empresarios” que ordeñan permanentemente la riqueza de la ciudad que producen los bahienses, pero a los que no se ve invertir mucho cuando los datos existentes verifican el altísimo nivel de desocupación privada actual.
El 18 de julio del corriente año, esos empresarios a los que se vió muy cómodos y silenciosos durante la dictadura porque era conveniente para sus negocios mientras los secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos, y apropiación de bebés se sucedían avalados por el diario La Nueva Provincia a quien reivindican sin un asquito, han solicitado al Concejo Deliberante les haga una “ordenanza a medida” como clara expresión de “pertenencia de clase”.
Exigen desde su nota al Concejo Deliberante, con su histórica y transparente ideología, la persecusión hacia ese sector pero no solo eso sino que se atreven a un poco más que es a perseguir y sancionar a quienes compren a ese sector, por lo que la población que adquiera bienes en esa identificada por ellos “VENTA AMBULANTE ILEGAL” adquiere la identificación implícita de “delincuente”, una agresión a la condición humana y sus derechos que da vergüenza ajena como mínimo.
Finalmente, y como la frutilla de su postre persecutor y represivo, proponen la implementación de “denuncias anónimas” al igual que sucedía en tiempos de la dictadura y a la que solo le falta el teléfono para hacerlas que por entonces publicaba el Comando del Quinto Cuerpo en La Nueva Provincia que costaron lo que costaron, similar al deleznable proyecto de los “Buzones Buchones” aprobado escandalosamente y presentado por el denominado “empresario de medios” German Sasso, impune de su condena por violar una ley que impide identificar menores en riesgo judicial y que logró con diversas maniobras temporales de su causa que la misma prescribiera, la explique como la explique porque nunca fue absuelto y allí está su condena original.
La Corporación del Comercio, Industria y Afines, la impulsora y quien le da su contenido ideológico histórico a esta exigencia, y que algunas vez con motivo del incio de los Juicios de Lesa Humanidad en la ciudad a través de Jorge Bonacorsi expresó que había que “dejarse de joder con esos juicios”, merece nuestro más profundo repudio y condena por tamaño despropósito cuyo objetivo es prolongar en el tiempo la presencia ominosa de la dictadura, utilizando y contaminando las representaciones de la democracia detrás de discursos falsarios de preocupación por el interés general y que esperamos al contrario de la barbarie delatora validada al inútil proyecto de German Sasso, el Concejo Deliberante no permita.
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA BLANCA
H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca
RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Filial Bahía Blanca
H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca
RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Filial Bahía Blanca
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