Pronunciamiento Org. DDHH Bahienses: El Partido Judicial

LA MENTIRA ES LA VERDAD

   La llegada de los partícipes necesarios de la planificación dictatorial, muchos entre bambalinas, junto a sus herederos conformados en Alianza política bajo la razón social PRO-UCR-CAMBIEMOS, nos ha llevado en estos últimos tres años al pasado más brutal al que creímos no volver nunca más, a 1976. Hoy la planificación orquestada y probada durante es mediática, y se probó contra el gobierno del peronismo kirchnerista entre 2003/2015 a través de los medios que junto a los militares genocidas escribieron los manuales de Acción Sicológica y luego se sumaron sus aliados que también lo vienen implementando. El objetivo es borrar la política como herramienta y la historia como resguardo de la memoria, dos cuestiones que odian profundamente.

   Ningún poder queda fuera de dicha planificación. Ejecutivo, Legislativo, y Judicial. El Ejecutivo es la cabeza ejecutora, a través de la cual se manifiesta el poder en las sombras que es el económico. El Legislativo, organizado para obstaculizar cualquier oposición que no se manifieste poderosamente, lo hace a través de trampas y aliados sin moral política.          Derrumbar los intentos opositores verdaderos que los pongan en evidencia quebrando el círculo de hierro mediático para que la sociedad sepa y conozca cual es el abismo al cual la llevan, es el objetivo. Finalmente promover sus abusos y depredación, es decir apoderarse impunemente de cuanta riqueza producto del trabajo esté a la mano, e incluso se geste a través de endeudamientos tal como lo hicieron en otros tiempos históricos, estatizando sus deudas como parte de esas apropiaciones económicas.

  Pero esta planificación debería ser contenida al menos por el llamado “poder judicial” haciéndoles cumplir las leyes y la Constitución, pero hoy su verdadero rol es el de “partido judicial”. Jueces y fiscales desde la Corte Suprema hacia abajo, minoría poderosa, actúan junto a los servicios de inteligencia en la planificación tal como entre 1974/83, articulando directa y perfectamente con el poder económico al no existir una ideología militar funcional como la de los 70.

  La ciudad, no es ajena a todo lo que sucede teniendo en cuenta las alianzas tejidas en todo ese tiempo para mantener el olvido y la reivindicación del genocidio a través de La Nueva Provincia, junto a otros medios parasitarios y oportunistas pero de calidad netamente contaminante como La Brújula 24, el empresariado de la Corporación del Comercio y la Industria, al igual que las corporaciones profesionales y religiosas a veces explícitamente y otras solapadamente, simulando desde trampas discursivas o falsos ropajes democráticos su verdadero rol. Manifiestamente agrupadas y publicadas como “pensadores del futuro de la ciudad”.  Son los mismos que ejercieron siempre (aún hoy) su vampirismo económico sobre la riqueza que pueda producirse, sin arriesgar nunca nada pero ahora montados en un discurso oficialista de potencialidades nunca probadas y que solo servirán para tener mano de obra barata y futuro para minorías, como a lo largo y ancho del país.

   En el “partido judicial” local, y el federal en particular, se hace necesario la presencia de funcionarios neutros, “militantes” activos, y ejecutores de impunidades como de protección de ese poder tal como lo hicieron con Vicente Gonzalo María Massot, el ex obispo Guillermo Garlatti o el fallecido sacerdote del genocidio local  Aldo Vara. No importa si son o no idóneos, como tampoco si tienen un curriculum manchado por su propia acción histórica.

   Santiago Ulpiano Martínez (secretario de juzgado) logró, con el apoyo de esos sectores y corporaciones locales, reciclarse en el “partido judicial federal bahiense” como un amanuense más pero a partir de ahora con el cargo de fiscal. Después de sortear un concurso al que por sus antecedentes no debió ser habilitado por  haber sido (entre otras cuestiones) desplazado en 2015 por incapacidad manifiesta como juez subrogante luego de nuestra denuncia en el Consejo de la Magistratura que luego en contra de su decisión lo habilitó aún cuando su inoperancia, ignorancia, y acciones obstaculizadoras, falsarias y promotoras de la impunidad en el marco del juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad sucedidos en esta jurisdicción seguían allí, y con el agravante de un informe judicial del Juez Ramos Padilla que llegó luego de su desplazamiento para verificar el estado del Juzgado Federal N° 1. Todo esto sucedió y sucede en una ciudad donde hay quienes desde su sociedad declaman y proclaman su discurso de exigencia de justicia, con funcionarios “probos” bañados en las aguas del “donde están mis derechos” y exponiendo su profundo individualismo e ideología autoritaria sembrada por la dictadura y florecida al amparo del “pensamiento mágico y único”.

   Santiago Ulpiano Martínez cuenta entre sus virtudes “profesionales” haber sido más de una vez partícipe de la “procesión” a la llamada Ruta del Vino. Ahora ejercerá un cargo de fiscal en el Juzgado Federal N° 2, poniendo en riesgo el rol que implica una fiscalía en la estructura del poder judicial como protectora de derechos y en especial donde por estos tiempos el narcotráfico sería un objetivo, tema al que ya oportunamente por su incapacidad logró que un tribunal no pudiera emitir sentencia por haber perdido pruebas.

   Santiago Ulpiano Martínez y los 30 senadores que lo habilitaron, con el senador Pichetto a la cabeza,  están haciendo un aporte inolvidable e imborrable a la degradación judicial en marcha en el país, pero conservamos la expectativa de tiempos que vendrán con verdadera justicia.

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