domingo, 4 de junio de 2017

Concluyo el Alegato del Ministerio público Fiscal

ALEGATO MINISTERIO PUBLICO FISCAL 

"CAUSA GONZALEZ CHIPONT"

                 La Memoria se Construye a través del conocimiento

Las penas pedidas fueron 25 perpetuas y otra que van entre 13 y 19 años de prisión.

  Las proximas audiencias serán el LUNES 5 DE Junio a las 15 hs y el MARTES 6 de Junio a las 14 Hs, donde continuara Alegando la Dra Fernandez Avello por la Querella de la Secretaria de DDHH 
     
    Los Días martes 30 y miércoles 31 de mayo, continuaron las audiencias en el juicio denominado “Causa  Gonzalez Chipont” que se realiza en nuestra ciudad, y que juzga los crímenes cometidos por el V Cuerpo de Ejército durante el Terrorismo de Estado.
  Al inicio de la Jornada  la defensa de los acusados, dio a conocer la novedad del fallecimiento de uno de los genocidas juzgados, el ex Capitán Raúl Oscar Otero, quien ya estaba condenado a prisión perpetua en el marco de un genocidio, en el anterior juicio a la Armada, y que ésta iba a ser su segunda condena. A raíz de este fallecimiento, son 31 los imputados que llegan al final del juicio, de los 39 iniciales, corroborando lo que siempre sostenemos los organismos de DDHH, que la lentitud y las dilaciones de estos juicios, de por sí ya atrasados más de 30 años, colaboran con la impunidad biológica de quienes deben ser castigados por los crímenes cometidos.
  
    El día martes por la tarde, comenzó la audiencia, con el último tramo del Alegato del Ministerio Publico Fiscal, con los dos fiscales en la sala, el Dr Miguel Ángel Palazzani y el Dr Jose Nebbia. Al termino comenzó el Alegato de la Querella de la Secretaria de DDHH.

Foto Luis Salomon

Calificaciones legales para la condena:

    Comenzaron con las calificaciones legales para las conductas de los imputados en el criterio de la fiscalía, que coinciden con la calificación del requerimiento, cuando se pidió la elevación a juicio, que son hechos avalados notorios y que ya se hayan reconocidas por los distintos tribunales de todo el país, incluido este mismo tribunal en los anteriores juicios.
 Detallan las calificaciones como:
#Todos estos crímenes, deben calificarse como Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad, citando los diferentes organismos internacionales de DDHH que así lo avalan.
 La intención era destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico racial o religioso. Las normas que alentaron estos crímenes, hablaban directamente de aniquilamiento. “El blanco especifico eran las  organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles, universitarias y secundarias y el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, cuyo blanco se fue modificando con el correr del proceso histórico para señalar como blancos nuevos, organizaciones como Madres, Abuelas, Organizaciones de DDHH”. El plan del ejercito incluía “a quienes realicen demandas reivindicatorias y salariales orientadas a provocar ruptura o el entorpecimiento del nuevo orden económico utilizando paritarias, reuniones de fabricas, marchas de protestas, paros, retiro de colaboración, trabajo a reglamento y sabotaje. Las huelgas estudiantiles, la ocupación de establecimientos educativos, organizaciones religiosas con predica disociadora en facultades, colegios, villas de emergencia y ligas agrarias.” Esto lo declara el ejército en febrero de 1976. El objetivo fue concretado: No solo se desapareció a decenas de miles de personas, y se extermino a un número aun mayor, sino que el daño causado en el entramado social, subsiste hasta la actualidad.
Los hechos fueron parte de un Plan criminal sistemático y generalizado sobre la población.
Para la fiscalía corresponde la calificación de asociación ilícita, ya que el Plan de exterminio fue ordenado desde la comandancia de las FFAA y se instrumento mediante su organización, cumpliendo cada una de las partes, un rol especifico en los  secuestros, torturas, asesinatos  y/o desapariciones forzadas.
Además refirieron las calificaciones de Tormentos, físicos y psíquicos, lesiones, lesiones gravísimas, homicidio agravado, con alevosía, desaparición forzada, violación de domicilio, falsedad ideológica, sustracción de menores, entre otras.
Para los fiscales la sistematicidad y la perpetración colectiva de los hechos criminales, ha quedado en este juicio en plena evidencia mejor que en los juicios anteriores, de cómo funcionaba el aparato represivo en Bahía Blanca con: La Armada, con el Ejercito, con la fuerza policial, y ahora le agregamos cómo funcionaba con las policías de Rio Negro,  la policía de Neuquén, y el ejército operando en las tres provincias.  Todos aportaron al resultado final, de persecución y aniquilamiento.
 
Foto Luis Salomon.

La Reparación Simbólica:
  
    Los fiscales destacaron que las sentencias en Bahía Blanca, siempre han marcado un camino nuevo, con respecto a las reparaciones simbólicas, como por ejemplo, la nulidad de las sentencias de los consejos de guerra, el pedido de investigación de la participación de los medios de comunicación o el derecho de réplica colectivo.
 En esa misma línea, la fiscalía reitera el pedido de replica colectiva respecto del diario La Nueva Provincia.:
 “La conducta del medio, lejos de ser la conducta del derecho a la libertad de expresión, fue un acto perfectamente proyectado junto con los altos mandos militares y que era esencial e indispensable para el plan criminal. Lo definimos como un caso de acción psicológica, como una parte esencial, sin la cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio, tal como se llevo a cabo en Bahía Blanca y la región, con el grado de profundidad y encubrimiento.” “La realidad y la historia del periodo en que ocurrieron los hechos juzgados fue escrita por La Nueva provincia y en esa versión diagramada dia a dia, no encontraremos ningún rastro de genocidio,  de plan sistemático, de Terrorismo de Estado, justamente por el encubrimiento mediático y por la acción psicológica que fue llevada a cabo.” El diario local manipulaba, encubría y tergiversaba los hechos. Las víctimas fueron desaparecidas ellas y sus identidades, reemplazadas por la de delincuentes terroristas hasta el dia de hoy, como se puede observar si se recurre a la hemeroteca local, que sirve de consulta a quien investigue o quiera conocer los hechos. “La única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en esta ciudad, una versión que ha sido probada, que es indubitable, son estas sentencias. No va a haber otra versión de la historia que se pueda leer, de la importancia histórica que van a tener estas sentencias”.
Los fiscales y la sociedad, reclamamos el derecho a que se publique la verdad que emana de estos juicios históricos. Por este motivo solicitaron nuevamente que la sentencia sea publicada en el diario La Nueva Provincia en un lugar central.
Este pedido ya fue realizado por la fiscalía en la sentencia de causa Fracassi, y aun no se ha cumplimentado por no estar firme la sentencia.
Posteriormente y siguiendo con los pedidos de carácter simbólico realizados por la Fiscalía, le solicitaron al tribunal que falle en cuanto a los pedidos a las Universidades del Sur y del Comahue, para que sean reconocidas las victimas de ambas casas de estudios, las cuales sufrieron una especial persecución hacia sus miembros, y hoy engrosan el listado de desaparecidos, asesinados y sobrevivientes en este juicio y los anteriores ya realizados. Los fiscales dejaron de manifiesto, que es esta misma Universidad, que ha sido tan golpeada por el Terrorismo de Estado,  si bien ha dado muchísimas muestras de reparación histórica a la comunidad,  también paradójicamente realiza publicaciones académicas altamente repudiables y que responden a intereses ideológicos opuestos a la verdad histórica argentina, como una, justamente del Departamento de Derecho, “La receptación de los delitos de Lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina”  (autor pazos Crocitto) donde es tratado el Genocidio y el Terrorismo de Estado, como un “conflicto interno” “una guerra y no de un programa de exterminio” contradiciendo las cientos de sentencias realizadas en el país, que expresan la verdad histórica del Terrorismo de Estado en Argentina.
  En el mismo sentido pidieron que se encomiende al gobierno de la ciudad de Bahía Blanca, la realización del reconocimiento público del Terrorismo de Estado vivido por la sociedad bahiense, como así también de las historias individuales de cada una de las víctimas.
El último pedido y muy importante, fue que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes y se revoquen las prisiones domiciliarias de los Reos, como así también la baja de las respectivas fuerzas por exoneración.



Pedidos de Penas

Juan Manuel Bayón: Prisión perpetua
Osvaldo Bernardino Páez: Prisión perpetua
Walter Bartolomé Tejada: Prisión perpetua
Osvaldo Lucio Sierra: Prisión perpetua
Julio Guillermo González Chipont: Prisión perpetua
Jorge Horacio Granada: Prisión perpetua
Norberto Eduardo Condal: Prisión perpetua
Carlos Alberto Taffarel: Prisión perpetua
Víctor Raúl Aguirre: Prisión perpetua
Enrique José Del Pino: Prisión perpetua
Jorge Horacio Rojas:  18 Años de Prisión
Miguel Ángel Nilos: 18 Años de Prisión
Miguel Angel Chiesa: 18 Años de Prisión
Carlos Alberto Ferreyra: Prisión perpetua
Pedro Ángel Cáceres: Prisión perpetua
Alberto Magno Nieva: Prisión perpetua
Jorge Enrique Mansueto Swendsen: Prisión perpetua
Raúl Oscar Otero: Prisión perpetua. (Fallecido recientemente)
Alejandro Lawless: Prisión perpetua
Raúl Artemio Domínguez: Prisión perpetua
Arsenio Lavayen: Prisión perpetua
Desiderio Andrés González: Prisión perpetua
Gabriel Cañicul: Prisión perpetua
José María Martínez: Prisión perpetua
Héctor Luis Selaya: 15 Años de Prisión
Andrés Reynaldo Miraglia: 13 Años de Prisión
Pedro Noel: Prisión perpetua
Jesús Salinas: Prisión perpetua
Osvaldo Vicente Floridia: 19 Años de Prisión
Oscar Lorenzo Reinhold: Prisión perpetua
Osvaldo Antonio Laurella Cripa: Prisión perpetua
Antonio Alberto Camarelli: 13 Años de Prisión

Foto EcoDias

Breves consideraciones finales:

   La fiscalía concluye su alegato enmarcando a los juicios como una mirada hacia el futuro y no hacia el pasado como muchos pretenden hacerlos ver, y hace un pedido enfático a los imputados que sabemos que tienen conocimiento donde están los bebés apropiados nacidos en “La Escuelita”, Que lo digan, que mitiguen el dolor y la espera de sus familiares y de la sociedad toda que desea recuperar esa verdad histórica.






      
        Al finalizar la audiencia, ya en la calle, cuando los genocidas algunos se retiran a su casa en remis y otros muy pocos se van en el camión del Servicio penitenciario, el Genocida Walter Bartolome TEJADA, Nuevamente, UNA VEZ MAS, nos insulto e hizo gestos obscenos a los que estábamos allí afuera, familiares y publico.
     El genocida TEJADA, ya tiene una condena a prision perpetua y va camino  a la segunda, por secuestrador, torturador, desaparecedor, asesino y ladrón de bebes.Sin embargo a pesar que se lo ve muy bien de salud, los jueces le han otorgado la prision domiciliaria.


Fotos Lili Aliverti


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